Titularidad
Este sitio web lo explota Rubén Guix Fernández, con NIF 46777722T y domicilio en C/ Sant Antoni 39, 08280 Calaf (Barcelona). Dirección de contacto: info@amiantoindustrial.es. El dominio es amiantoindustrial.es.
Qué servicio se presta desde aquí
amiantoindustrial.es es una plataforma de intermediación: recoge solicitudes de presupuesto de retirada de amianto a través de su formulario y las facilita a una empresa inscrita en el RERA que trabaja en la zona del solicitante.
Desde este sitio no se ejecutan obras, no se redactan planes de trabajo, no se emiten diagnósticos sobre la presencia o el estado del amianto y no se elaboran presupuestos. Todo eso corresponde a la empresa ejecutora, que actúa con sus propios criterios, medios y responsabilidad profesional.
El servicio es gratuito para el solicitante. La retribución de la plataforma la abona la empresa que recibe la solicitud.
Responsabilidad
La relación contractual derivada de la retirada se establece entre el solicitante y la empresa ejecutora. La plataforma no es parte de ese contrato y no responde de su ejecución, de su precio ni de su resultado.
Lo que sí comprueba la plataforma antes de dar de alta a una empresa es su inscripción en el RERA. Esa comprobación es un requisito de entrada, no una garantía de la calidad del trabajo. Está explicado en cómo elegimos las empresas.
Contenidos
La información publicada sobre normativa, procedimientos y precios tiene carácter divulgativo. No es asesoramiento técnico ni jurídico, no está referida a ningún caso concreto y no sustituye al texto oficial de las normas ni al criterio del técnico que visite la cubierta.
Se procura mantenerla actualizada, pero la normativa cambia y las convocatorias de ayudas abren y cierran: antes de tomar una decisión, conviene contrastar con la fuente oficial.
Propiedad intelectual
Los textos, el diseño y el código de este sitio son de su titular. Se puede citar y enlazar libremente indicando la fuente; reproducirlos íntegramente en otro sitio, no.
Enlaces
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Legislación aplicable
Se aplica la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a derecho.