Qué dice la ley
La Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto se publicó en el DOGC el 3 de julio de 2026 y en el BOE el 17 de agosto, con entrada en vigor el 3 de octubre de 2026. Entre sus novedades hay una que afecta a cualquier operación inmobiliaria en Cataluña:
- Quien vende o alquila tiene que entregarlo. El artículo 21 dice que el certificado de presencia o ausencia de amianto «debe entregarse cuando se venda o alquile un inmueble».
- Quien compra o alquila tiene derecho a recibirlo. El artículo 5 lo recoge como un derecho: obtener el certificado al adquirir una propiedad o al alquilar una vivienda u otro inmueble.
- Queda en el Registro de la Propiedad. La ley prevé que, al inscribir una compraventa, se haga constar la certificación de presencia de materiales con amianto.
La ley habla de inmuebles en general: viviendas, locales, naves, almacenes o edificios agrícolas. No distingue por uso ni por tamaño.
Qué tiene que decir el certificado
El detalle, y quién puede firmarlo, lo tiene que fijar un reglamento que todavía no se ha aprobado. Mientras tanto, la propia ley marca un mínimo: el certificado tiene que acreditar
- si hay o no amianto visible;
- el estado de conservación de esos materiales, y
- el riesgo que suponen para las personas.
Es decir: una inspección visual hecha por alguien que sepa reconocer el material y valorar su estado, con un documento que lo diga. En una nave, lo habitual es la cubierta de fibrocemento, las bajantes y los depósitos; en una vivienda, además, conductos, falsos techos o revestimientos. Lo que no pide la ley es que el propietario lo compruebe por su cuenta: manipular el material para verlo de cerca es justo lo que libera fibra.
Si vendes o alquilas
- Pide el certificado antes de publicar el anuncio. Es un documento que el comprador o el inquilino va a pedir, y que te interesa tener cuando se negocia el precio, no en la notaría.
- No entregarlo está tipificado como infracción leve (artículo 53), con multa prevista de 100 a 3.000 € (artículo 54). Ese régimen sancionador entra en vigor cuando se apruebe el decreto que lo desarrolle (disposición final séptima de la ley); hasta entonces rigen las sanciones generales en materia ambiental.
- Si el certificado dice que hay amianto, no pasa nada por venderlo. La ley no prohíbe vender ni alquilar un inmueble con amianto: pide que se sepa. Lo que sí te toca como titular es mantenerlo en buen estado y retirarlo cuando lo fijen los plazos, que todavía están por desarrollar.
- Valora si compensa retirarlo antes. Una cubierta ya retirada o con un presupuesto cerrado quita una incógnita de la negociación. Lo contamos con detalle para las naves en retirada de amianto en naves industriales.
Si compras o alquilas
- Pide el certificado. Es tu derecho. Si no te lo dan, pregunta por qué y déjalo por escrito.
- Lee el estado de conservación, no solo el «sí» o el «no». Una cubierta de fibrocemento entera y bien conservada no es lo mismo que una con placas rotas o que se deshacen.
- Pon una cifra a la retirada. Si hay amianto, el coste de quitarlo algún día es parte del precio. Tener un presupuesto orientativo antes de firmar convierte una duda en un número que se puede negociar. La página de precio de la retirada explica qué lo mueve.
- Deja escrito quién asume qué. En el contrato, sobre todo en un alquiler: quién paga una retirada, qué pasa si el material se rompe y quién tramita.
- Mira el censo. Los ayuntamientos tienen que censar el amianto de su término. Estar en el censo municipal no es una sanción, pero confirma lo que hay.
Lo que todavía no está claro
La ley está aprobada y tiene fecha, pero varias piezas dependen del desarrollo reglamentario:
- Quién puede emitir el certificado y con qué formación o acreditación.
- El formato exacto y si tiene que ir acompañado de análisis de laboratorio en algún caso.
- Cómo se coordina con el censo catalán de materiales con amianto.
Hasta que se apruebe ese reglamento, vale el mínimo de la ley: amianto visible, estado y riesgo. Revisaremos esta página cuando se publique. Y fuera de Cataluña no hay una obligación equivalente: la normativa estatal no exige este certificado.